La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia. La función interventora

1. Introducción

El gasto público no basta con estar presupuestado: tiene que recaudarse y aplicarse con sujeción a la ley. La Constitución convierte ese criterio en mandato.

Cumplir el mandato exige comprobar que la asignación sea equitativa y que la ejecución responda a eficiencia y economía. En Galicia esa comprobación es un control dual, y cada plano llega en un momento distinto.

• Control externo: Parlamento de Galicia, Consejo de Cuentas y, en última instancia, Tribunal de Cuentas. Actúa a posteriori, cuando la gestión ya está hecha.
• Control interno: la Intervención General. Entra antes y mientras se gasta. Es preventivo y permanente, y la Administración se lo impone a sí misma. Este tema sigue ese control.

Ese control se lee en la normativa de cabecera.

2. Marco constitucional, estatutario y legal

2.1. Constitución

El artículo 31.2 CE fija el criterio del gasto. Los preceptos que siguen dicen, por este orden, quién está obligado a cumplirlo, qué papel tiene el presupuesto, a quién corresponde el control externo y por qué Galicia puede organizar el interno.

• Art. 31.2 CE: asignación equitativa, eficiencia y economía del gasto.
• Art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
• Art. 133 CE: potestad originaria tributaria del Estado; las comunidades pueden establecer tributos conforme a la Constitución y las leyes.
• Art. 134 CE: el presupuesto autoriza el gasto.
• Art. 135 CE (reforma de 2011): estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, también para las comunidades autónomas.
• Art. 136 CE: el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador.
• Art. 153.d) CE: el control económico y presupuestario de los órganos autonómicos corresponde al Tribunal de Cuentas.
• Art. 148.1.1.ª CE: las comunidades organizan sus instituciones de autogobierno.

2.2. Estatuto y control externo

• Art. 27.1 EAG: junto con el 148.1.1.ª CE, ampara la configuración autonómica de la Intervención.
• Art. 10.b) EAG: el Parlamento examina y aprueba las cuentas de la Comunidad.
• Consejo de Cuentas: órgano de fiscalización externa. Ley 6/1985, de 24 de junio, reformada por la Ley 8/2015, de 7 de agosto.
• LO 8/1980 (LOFCA) y LO 2/2012 de estabilidad presupuestaria enmarcan la Hacienda autonómica.

2.3. Derecho gallego

• Título V del DL 1/1999: capítulo I, control interno; capítulo II, contabilidad; capítulo III, Cuenta General.
• Art. 93 DL 1/1999: control interno de la Comunidad, organismos autónomos, entes públicos y sociedades públicas, «sin perjuicio» del Consejo de Cuentas y, en su caso, del Tribunal de Cuentas.
• Art. 93 DL 1/1999, además: ese control se ejerce «con plena autonomía respecto a los órganos responsables de la gestión controlada».
• Art. 94 DL 1/1999: dos modalidades, función interventora y control financiero.
• Decreto 49/2024, de 22 de abril: estructura de las consellerías. Decreto 141/2024: eleva la Intervención a rango de secretaría general.
• Ley 16/2010, de 17 de diciembre: organización del sector público autonómico.
• Ley 9/2007, de 13 de junio: título III, control financiero de las subvenciones.
• Art. 55 de la Ley 10/2023, de 28 de diciembre: última reforma relevante del art. 97 DL 1/1999 (validaciones automáticas y fiscalización de derechos).

3. Naturaleza y posición orgánica

La Intervención General es el órgano de control interno de la actividad económico-financiera de la Comunidad, sus organismos autónomos, entes públicos y sociedades públicas.

• No es órgano constitucional ni estatutario. Es un órgano administrativo de dirección.
• Integración: Consellería de Hacienda y Administración Pública.
• Rango: secretaría general (Decreto 49/2024; arts. 2.g y 17 del Decreto 141/2024).
• Dependencia orgánica: «bajo la dependencia de la persona titular de la Consellería».
• Sede: edificios administrativos de San Caetano, Santiago de Compostela.
• Sustitución del titular (ausencia, enfermedad, vacante, abstención o recusación): persona titular de la Subdirección General de Fiscalización y Control Interno, salvo designación expresa de otra subdirección.

De esa autonomía se siguen facultades concretas del interventor o interventora general:

• Avocar cualquier expediente.
• Formular reparos.
• Sostener la discrepancia frente al órgano gestor.
• Elevar el conflicto al Consello de la Xunta en los casos más graves.

3.1. Con quién no debe confundirse

4. Competencias

El art. 17.1 del Decreto 141/2024 sistematiza las del órgano. El art. 17.2 Decreto 141/2024 reserva un núcleo al titular.

5. Estructura orgánica

El Decreto 141/2024 desconcentra la Intervención, en línea con el art. 96 DL 1/1999. El art. 18 Decreto 141/2024 distingue tres piezas de nivel subdirección y la Oficina.

• Subdirección General de Fiscalización y Control Interno.
• Subdirección General de Contabilidad.
• Intervenciones delegadas.
• Oficina Gallega de Auditoría y Control, integrada en el órgano.
• Intervenciones delegadas en entidades instrumentales e intervenciones territoriales.

6. Concepto, objeto y principios

El art. 94.1 DL 1/1999 distingue dos técnicas que no se intercambian.

• Art. 94.4 DL 1/1999: el Consello, a propuesta de la persona titular de Hacienda, puede establecer la función interventora en organismos, sociedades y entes en los que, por defecto, rija el control financiero.

6.1. Objeto (art. 94.2 DL 1/1999)

La tabla sitúa cada técnica en el tiempo y en el parámetro. El artículo 94.2 DL 1/1999 dice qué actos entran en la función interventora.

Del precepto salen tres consecuencias.

1. No solo el gasto: también el ingreso y cualquier movimiento de fondos o valores.
2. Parámetro: la legalidad («las disposiciones aplicables»), no la oportunidad política.
3. Ámbito natural: Administración general y organismos autónomos. Extenderlo a sociedades y entes públicos exige acuerdo del Consello.

6.2. Cuatro principios (art. 96.1 DL 1/1999)

• Autonomía funcional: el interventor no recibe instrucciones del órgano gestionado sobre el sentido del informe.
• Ejercicio desconcentrado: el control se sitúa junto al gestor y evita un cuello de botella central.
• Jerarquía interna: la Intervención General avoca, resuelve discrepancias de las delegadas y dicta instrucciones. La desconcentración no convierte a cada delegado en independiente.
• Actuación contradictoria: el reparo se motiva, se notifica y el gestor puede alegar o discrepar. No es un veto opaco.

6.3. Facultades instrumentales (art. 95.2 DL 1/1999)

• Interponer los recursos y reclamaciones previstos en la ley.
• Pedir asesoramiento jurídico, informes técnicos, antecedentes y documentos.
• Art. 98.3 DL 1/1999: si se usa esta segunda facultad, se suspende el plazo de fiscalización y se da cuenta al órgano gestor.

7. Fases

El art. 95.1 DL 1/1999 distingue cuatro fases, que siguen la vida del expediente de gasto y, en lo que proceda, la del ingreso.

7.1. Fiscalización previa

• Art. 98.1 DL 1/1999: sobre el expediente original completo, con justificantes e informes preceptivos, cuando el asunto está en disposición de que se dicte acuerdo. No se fiscaliza un borrador.
• Art. 98.2 DL 1/1999: plazo de diez días desde el siguiente a la recepción.
• Cinco días si la tramitación se declara urgente o si rige la fiscalización limitada.

7.2. Ordenación y pago

• La intervención formal ya no pregunta si el gasto puede comprometerse: comprueba la orden de pago.
• Art. 27.2 del Decreto 141/2024: en los servicios centrales, la intervención formal corresponde a la Intervención Delegada de Hacienda y Administración Pública (órdenes de la Secretaría General Técnica y del Tesoro).

7.3. Aplicación de las cantidades

• Art. 100.1.e) DL 1/1999: el reparo que nazca de comprobaciones materiales tiene efecto suspensivo.
• El interventor general nombra a los representantes y designa al funcionariado asesor.
• La recepción de una obra o suministro es también un acto fiscalizado: de ella dependen el reconocimiento de la obligación y el pago.

7.4. El ingreso

Las cuatro fases describen sobre todo el gasto. En el ingreso, el momento del control lo cambió la Ley 10/2023.

La fiscalización previa del derecho cede el paso a la toma de razón en contabilidad y a las comprobaciones posteriores. Anticipar el control a cada hecho imponible o a cada liquidación masiva haría inviable la recaudación.

8. Intervención plena, limitada y exclusiones

La regla es la intervención previa plena: se examinan todos los requisitos legales. El art. 97 DL 1/1999 introduce tres modulaciones.

8.1. Exclusiones de intervención previa (art. 97.1 DL 1/1999)

1. Cuantía menor: obras, gestión de servicios públicos, suministro, consultoría y asistencia, y servicios, por debajo del importe que fije cada ley de presupuestos.
2. Tracto sucesivo: gastos periódicos, una vez intervenido el periodo inicial o sus modificaciones, y los que se pagan por anticipos de caja fija.
3. Subvenciones nominativas: la ley de presupuestos ya individualiza beneficiario y cuantía.

8.2. Fiscalización limitada (art. 97.2 DL 1/1999)

El Consello, previo informe de la Intervención General, puede circunscribir la intervención previa a estos extremos:

• Crédito: que exista y que sea adecuado a la naturaleza del gasto o de la obligación. Si es plurianual, cumplimiento del art. 58 del texto refundido.
• Competencia: que el órgano que genera la obligación o el gasto sea el competente.
• Otros extremos que, por su trascendencia, fije el Consello a propuesta de Hacienda y previo informe de la Intervención.

• Las observaciones complementarias de los interventores delegados no suspenden.
• Régimen vigente: Acuerdo del Consello de 30 de diciembre de 2009, publicado por Orden de 4 de enero de 2010.
• Ese acuerdo solo puede añadir extremos. Los dos primeros son de reserva legal y no se suprimen.

8.3. Control pleno posterior (art. 97.4 DL 1/1999)

• La limitada aplaza el control; no renuncia a la legalidad.
• Se ejerce sobre una muestra representativa, por muestreo o auditoría.
• El interventor delegado emite informe escrito, lo remite al titular de la consellería (alegaciones en quince días) y lo eleva a la Intervención General.
• Esta da cuenta al Consello y a los centros directivos, y puede proponer actuaciones.
• La coordinación corresponde a la División de Auditoría Pública y Control Financiero de la Oficina.

8.4. Muestreo y validaciones automáticas

• Art. 97.5 DL 1/1999: la persona titular de Hacienda, a propuesta del interventor general, puede acordar que la función interventora se ejerza sobre una muestra. La Intervención fija la selección, identificación y tratamiento.
• Art. 97.6 DL 1/1999 (Ley 10/2023): por resolución del titular de la Intervención, la comprobación —régimen general o limitada— puede hacerse por validaciones automáticas en las aplicaciones de control.
• La digitalización cambia el medio de comprobar, no el parámetro de legalidad. El esfuerzo humano se concentra en lo atípico o de riesgo.

9. Reparos, discrepancias y omisión

9.1. El reparo (art. 99 DL 1/1999)

• Art. 99.1 DL 1/1999: si la Intervención discrepa del fondo o de la forma, formula reparo por escrito, motivado en normas y con todas las objeciones.
• No es una opinión ni una observación informal: es un acto de control, tasado y completo.
• Art. 99.2 DL 1/1999: si la disconformidad afecta al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de la Hacienda, se usan notas de reparos y, si subsiste, los recursos o reclamaciones que procedan.

9.2. Efecto suspensivo (art. 100.1 DL 1/1999)

No todo reparo paraliza. En autorización y disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos, suspenden solo estos cinco supuestos:

1. Insuficiencia o inadecuación del crédito.
2. Graves irregularidades en la documentación de las órdenes de pago, o falta de acreditación del derecho del perceptor.
3. Incompetencia del órgano que propone el gasto.
4. Omisión de requisitos o trámites esenciales, o riesgo de quiebra económica para la Comunidad o para un tercero.
5. Reparo derivado de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

• Art. 100.2 DL 1/1999: cabe fiscalizar favorablemente pese a defectos no esenciales, condicionando la eficacia a que se reparen antes de aprobar el expediente. Si el gestor no repara, el defecto se convierte en reparo.
• Esa fiscalización condicionada no vale en el régimen del art. 97.2 DL 1/1999: ahí solo se comprueban extremos tasados.

9.3. La discrepancia (art. 101 DL 1/1999)

• Si el gestor acepta, subsana y devuelve las actuaciones.
• Si no acepta, formula discrepancia motivada, con cita de los preceptos en que se apoya.
• Reparo de una delegada: resuelve la Intervención General, y su resolución obliga a aquella.
• Reparo de la Intervención General, o confirmación del de una delegada si la discrepancia subsiste: resuelve la Xunta de Galicia.

9.4. Omisión de la fiscalización (art. 102 DL 1/1999)

• Art. 102.1 DL 1/1999: mientras no se conozca y resuelva la omisión, no se reconoce la obligación, no se tramita el pago ni se interviene favorablemente.
• Al detectarla, el interventor general o sus delegados lo manifiestan a la autoridad que inició el expediente.
• El informe no es una fiscalización. Recoge, como mínimo: infracciones cometidas al aprobar el gasto sin fiscalización previa; prestaciones ya realizadas; posibilidad y conveniencia de revisar los actos.
• Los delegados dan cuenta inmediata a la Intervención General.
• El titular de la consellería puede someter lo actuado al Consello. Si lo hace, lo comunica a Hacienda, por conducto de la Intervención, con diez días de antelación, y une una memoria de la omisión.
• La Secretaría del Consello comunica el acuerdo a la consellería, a Hacienda y a la Intervención para su toma de razón.

10. Función interventora, control financiero y contabilidad

El enunciado se detiene en la función interventora, pero no se entiende sin los otros dos pilares del mismo órgano.

10.1. Control financiero

• Art. 103 DL 1/1999: procura que la gestión se adecue a legalidad, economía, eficacia y eficiencia.
• Ordinario: plan anual de auditorías del art. 107 DL 1/1999.
• Permanente: de forma continuada, por las intervenciones delegadas, en los entes en que esté establecido (arts. 105 y 106 DL 1/1999).
• Art. 104 DL 1/1999: auditorías financieras, de cumplimiento, operativas, o de sistemas y procedimientos.
• Régimen propio del control financiero permanente: organismos autónomos industriales, comerciales, financieros o análogos, y el ente público Radiotelevisión de Galicia, si no se ha establecido la función interventora.
• Si aparecen irregularidades graves, puede proponerse sustituirlo por la función interventora.

10.2. Subvenciones

• La Ley 9/2007 primó el control financiero sobre los controles previos de las fases de gestión.
• El título III regula un procedimiento contradictorio entre la Intervención y el beneficiario, con deber reforzado de colaboración.
• El beneficiario facilita la información que le requieran la Intervención, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas.
• La función interventora sigue en la concesión cuando el gasto no está excluido ni limitado; el acento, en las ayudas, está en la comprobación posterior.

10.3. Contabilidad y Cuenta General

• Sin contabilidad fiable no hay fiscalización rigurosa ni Cuenta General rendible. Por eso control y contabilidad están en el mismo órgano.
• Art. 121 DL 1/1999: la Cuenta General se remite, previo acuerdo del Consello, al Consejo de Cuentas y al Tribunal de Cuentas antes del 30 de septiembre del año siguiente.
• Así el Parlamento puede cumplir el art. 10.b) del Estatuto.
• Instrucción 4/2024, de 17 de julio, de la Intervención General: presentación telemática de la Cuenta General.

10.4. Oficina de Evaluación Financiera

• Creada por el Decreto 202/2024, que modifica el Decreto 141/2024.
• Órgano colegiado adscrito a Hacienda. No forma parte de la Intervención General.
• Analiza la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras y de servicios, e informa con carácter preceptivo conforme al art. 333 de la Ley 9/2017.

11. Conclusión

El órgano, las fases y las modulaciones ya están descritos. Juntos muestran cómo se sostiene la legalidad cuando no cabe revisar cada euro en el mismo momento.

• No verlo todo al nacer el acto no lo convalida: la exclusión desplaza el control al origen, a la cuenta justificativa o al control financiero; la limitada lo aplaza a una muestra; la omisión no se sanea con un informe tardío y exige acuerdo del Consello. El gasto ilegal sigue siendo ilegal en los tres caminos.
• El desacuerdo y el salto del control acaban en decisión del Gobierno: la discrepancia que subsiste frente a la Intervención General la resuelve la Xunta, y la omisión también, si el titular de la consellería la eleva. El Consello no fiscaliza: asume continuar contra el criterio de la Intervención, o tomar razón de lo ya gastado. Un informe tardío de conformidad no cierra ninguno de los dos caminos.
• La desconcentración no cierra el expediente: el delegado controla junto al gestor, y el reparo sube a la Intervención General y, si la discrepancia sigue, a la Xunta. Sin esa subida, cada consellería tendría su propio criterio de legalidad.
• La legalidad sigue dentro; la sostenibilidad, no: la Oficina de Evaluación Financiera informa las concesiones y no forma parte de la Intervención. El control preventivo de legalidad permanece en este órgano; el de sostenibilidad financiera de esos contratos se ha colocado al lado.